Jimena Ávalos Capín y Miguel Pulido Jiménez El Universal 23 de enero de 2010
Entre Hermosillo y Chilpancingo hay más de dos mil kilómetros. Sin embargo, y aun cuando en lo electoral Sonora y Guerrero son bastiones de distintas expresiones partidarias, en lo político guardan más cercanía de la aparente.
Del desierto hasta la Costa Chica viaja el desdén de las autoridades para cumplir con el derecho a la salud. Miremos primero hacia el norte, donde gozar de buena salud es un requisito para ser afiliado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). Hay personas que trabajan en ayuntamientos, universidades y dependencias que no tienen servicios médicos aun cuando los necesiten y sea su derecho constitucional.
La razón es injusta, arbitraria, discriminatoria e inconstitucional, pero simple: alguien pensó que si se afiliaba a personas enfermas las cuentas del sistema de salud no iban a salir. A cientos de niños, cónyuges y dependientes económicos se les niegan los servicios por la mala fortuna de tener un padre, un esposo o un hijo obeso, diabético o hipertenso. La ironía es que en muchos casos se deducen las cuotas de seguridad social en automático del salario de los discriminados.
Abel Montenegro era uno de ellos. A sus 62 años había trabajado de manera ininterrumpida para el ayuntamiento de Hermosillo em más de 10 años sin poder afiliarse al ISSSTESON por padecer hipertensión arterial. Abel tocó la puerta de Sonora Ciudadana, AC, un proyecto de sociedad civil que busca avanzar en la agenda democrática en ese estado.
Su caso llegó hasta la Suprema Corte, cuya Primera Sala falló por unanimidad a favor de Abel al reconocer que la discriminación en la afiliación basada en condiciones de salud es inconstitucional.
A pesar de que existe una sentencia de la Corte, las autoridades sonorenses se resisten a reformar el criterio discriminatorio. Motivados por consideraciones financieras, incumplen de golpe con la obligación de no discriminar y la obligación de utilizar el máximo de recursos para garantizar el derecho a la salud.
Por fortuna, los trabajadores están organizados en el Grupo de Discriminados por el ISSSTESON y su lucha jurídica continúa. Siguen la estela de Abel, quien se enfrentó a un gobierno priísta, mientras ellos lo hacen ahora ante uno encabezado por el PAN.
Por el sur también viaja la discriminación. Allá, organizaciones civiles han documentado los abusos del gobierno en la prestación de servicios de salud. En Guerrero la provisión de servicios médicos por parte del gobierno estatal está plagada de irregularidades: cobros indebidos por servicios que se deberían recibir gratuitamente, falta de medicamentos, ausentismo del personal médico, etcétera. La victoria histórica del PRD en las elecciones de 2005 no significó una apertura política que permitiera la inclusión de las demandas de la sociedad en materia de salud.
La periodista Carolina Rocha, en su reportaje Salud en tinieblas, exhibió las prácticas abusivas, sistemáticas y cotidianas en varias localidades de la Costa Chica de Guerrero. Absurdo, pero en una de las regiones más pobres del país, la comunidad tiene que hacerse cargo de los gastos de las unidades médicas porque los recursos públicos simplemente no llegan.
Como nunca antes Guerrero recibió financiamiento del Seguro Popular, pero la población no necesariamente recibe los servicios médicos. Por fortuna, la Universidad Campesina del Sur, una organización que combina la investigación y la acción participativa, ha iniciado una batalla para que el gobierno rinda cuentas y tome acciones concretas en esta situación.
Sonora y Guerrero presentan muchos contrastes, pero ambos ilustran que la violación al derecho a la salud no conoce límites de geografía. De poco ha servido que nuestro país se haya comprometido ante la comunidad internacional desde hace 29 años a garantizar el derecho a la salud; lo lejos que estamos de su cumplimiento hace que el tramo entre Hermosillo y Chilpancingo luzca terriblemente corto.
Abogada y Director Adjunto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Entre Hermosillo y Chilpancingo hay más de dos mil kilómetros. Sin embargo, y aun cuando en lo electoral Sonora y Guerrero son bastiones de distintas expresiones partidarias, en lo político guardan más cercanía de la aparente.
Del desierto hasta la Costa Chica viaja el desdén de las autoridades para cumplir con el derecho a la salud. Miremos primero hacia el norte, donde gozar de buena salud es un requisito para ser afiliado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). Hay personas que trabajan en ayuntamientos, universidades y dependencias que no tienen servicios médicos aun cuando los necesiten y sea su derecho constitucional.
La razón es injusta, arbitraria, discriminatoria e inconstitucional, pero simple: alguien pensó que si se afiliaba a personas enfermas las cuentas del sistema de salud no iban a salir. A cientos de niños, cónyuges y dependientes económicos se les niegan los servicios por la mala fortuna de tener un padre, un esposo o un hijo obeso, diabético o hipertenso. La ironía es que en muchos casos se deducen las cuotas de seguridad social en automático del salario de los discriminados.
Abel Montenegro era uno de ellos. A sus 62 años había trabajado de manera ininterrumpida para el ayuntamiento de Hermosillo em más de 10 años sin poder afiliarse al ISSSTESON por padecer hipertensión arterial. Abel tocó la puerta de Sonora Ciudadana, AC, un proyecto de sociedad civil que busca avanzar en la agenda democrática en ese estado.
Su caso llegó hasta la Suprema Corte, cuya Primera Sala falló por unanimidad a favor de Abel al reconocer que la discriminación en la afiliación basada en condiciones de salud es inconstitucional.
A pesar de que existe una sentencia de la Corte, las autoridades sonorenses se resisten a reformar el criterio discriminatorio. Motivados por consideraciones financieras, incumplen de golpe con la obligación de no discriminar y la obligación de utilizar el máximo de recursos para garantizar el derecho a la salud.
Por fortuna, los trabajadores están organizados en el Grupo de Discriminados por el ISSSTESON y su lucha jurídica continúa. Siguen la estela de Abel, quien se enfrentó a un gobierno priísta, mientras ellos lo hacen ahora ante uno encabezado por el PAN.
Por el sur también viaja la discriminación. Allá, organizaciones civiles han documentado los abusos del gobierno en la prestación de servicios de salud. En Guerrero la provisión de servicios médicos por parte del gobierno estatal está plagada de irregularidades: cobros indebidos por servicios que se deberían recibir gratuitamente, falta de medicamentos, ausentismo del personal médico, etcétera. La victoria histórica del PRD en las elecciones de 2005 no significó una apertura política que permitiera la inclusión de las demandas de la sociedad en materia de salud.
La periodista Carolina Rocha, en su reportaje Salud en tinieblas, exhibió las prácticas abusivas, sistemáticas y cotidianas en varias localidades de la Costa Chica de Guerrero. Absurdo, pero en una de las regiones más pobres del país, la comunidad tiene que hacerse cargo de los gastos de las unidades médicas porque los recursos públicos simplemente no llegan.
Como nunca antes Guerrero recibió financiamiento del Seguro Popular, pero la población no necesariamente recibe los servicios médicos. Por fortuna, la Universidad Campesina del Sur, una organización que combina la investigación y la acción participativa, ha iniciado una batalla para que el gobierno rinda cuentas y tome acciones concretas en esta situación.
Sonora y Guerrero presentan muchos contrastes, pero ambos ilustran que la violación al derecho a la salud no conoce límites de geografía. De poco ha servido que nuestro país se haya comprometido ante la comunidad internacional desde hace 29 años a garantizar el derecho a la salud; lo lejos que estamos de su cumplimiento hace que el tramo entre Hermosillo y Chilpancingo luzca terriblemente corto.
Abogada y Director Adjunto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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