Escandalosas corruptelas

Escandalosas corruptelas

PorEsto 15 Febrero 2010

MEXICO, D.F., 14 de febrero (SUN).- El espurio secretario de Agricultura y su familia más cercana; tres hermanos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera; Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo Beltrán “El Barbas”, así como varios políticos mexicanos encumbrados son subsidiados por los programas mexicanos para el campo, cuyo diseño original era apoyar a los productores más desprotegidos.

Industrias Melder, empresa que pertenece a los hermanos del Secretario de Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, ha sido beneficiada con 10 millones 737 mil pesos de subsidios del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, de Aserca.

Los apoyos comenzaron a entregarse en 2005, año en que Mayorga fue designado por primera vez titular de Sagarpa, con Vicente Fox. Sus hermanos Francisco Javier, Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo, están inscritos en el padrón de Procampo desde 1995. Hasta el ciclo primavera-verano de 2009, obtuvieron un millón 740 mil 654 pesos.

Las listas de beneficiarios de Aserca, disponibles en internet, indican que el Secretario y su familia fueron subsidiados de 2000 a 2002, tiempo en que Francisco Javier se desempeñó como director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), el órgano administrativo desconcentrado encargado de administrar los recursos del Procampo y otros programas.

Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dice respecto a si el Secretario Mayorga y su familia están o no impedidos por la ley para recibir apoyo oficial: “Aunque haya vericuetos legales para que al cobrar los subsidios no sean sancionados, desde el punto de vista ético, es evidentemente una posición reprobable”.

En julio de 2009 el entonces titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, anunció que el padrón de Procampo sería depurado para eliminar a personas relacionadas con el crimen organizado. En la entrega más reciente de subsidios, EL UNIVERSAL encontró que siguen beneficiándose.

Es el caso de los hermanos de Joaquín El “Chapo” Guzmán Loera, Aurelino, Jesús y Ofelina. Esta última aparece en las listas de Aserca desde 2001, año en que el líder del cártel de Sinaloa se fugó de la cárcel.

Justifican apoyos a los Mayorga

Rodolfo González Muñoz, coordinador general jurídico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), asegura que el titular de la dependencia, Francisco Javier Mayorga Castañeda, y su familia, tienen derecho a recibir subsidios para sus actividades agrícolas.

-Entonces, ¿el próximo año el Secretario seguirá recibiendo el apoyo de Procampo?

-Sí, claro -dijo el funcionario.

El abogado de Sagarpa explica que la ley obliga a funcionarios a excusarse de intervenir en asuntos donde tengan algún conflicto de interés.

“La responsabilidad es pasar el trámite a un tercero para que el otro resuelva, no que se le prive del beneficio que resulta ser universal y no discriminatorio”.

González Muñoz considera que el titular de la Sagarpa no incurre en ninguna irregularidad al recibir los subsidios porque es beneficiario desde antes que fuera servidor público. “Él no intervino ni tramitó ni resolvió sobre su apoyo”.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa señalan que incurre en irregularidad el funcionario que influye en la decisión de otro para que se le conceda el apoyo.

“Mientras el secretario se dedique a una actividad lícita y cumpla con las reglas de operación, me parece que sería discriminatorio sacarlo [del esquema de subsidios] porque sea funcionario. ¿No cree usted?”

Migajas a los pobres

En marcado contraste con los abultados recursos que distribuye Procampo entre los ricachones, Rosendo Solórzano Hernández apenas recibió 107 pesos de subsidio de Procampo para la siembra de maíz en los campos de Chiapas. El apoyo para María Guadalupe Zúniga Cepeda, de Tamaulipas, fue de 290 mil 674 pesos. En ninguno de los dos casos se cumplen las reglas de operación del programa, modificadas el 8 abril de 2009, donde el tope mínimo de ayuda es de mil 300 pesos y el máximo de cien mil.

Los dos son beneficiarios del ciclo primavera-verano 2009, señalado por la presidencia de la República espuria, como el “parteaguas de la aplicación y distribución de los recursos del Programa de Apoyos a la Comercialización (Procampo)”. La norma establece el aumento del ingreso de los productores que poseen menos de cinco hectáreas, que representan el 70% del padrón y limitar la ayuda al 0.2% de propietarios de grandes parcelas.

Graciela Aguilar, directora de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), asegura que en este periodo agrícola ya se aplicaron las nuevas reglas. Sin embargo, los listados de beneficiarios, publicados en la página de internet de la dependencia, muestran que al menos 3 mil productores de Chiapas recibieron entre 43 y mil pesos de ayuda, mientras que en los estados de Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango y Guanajuato, hubo personas que, por sus extensiones de tierra, obtuvieron cantidades que superan por mucho los cien mil pesos estipulados como límite.

Miguel Pulido, director adjunto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C, considera que las reformas que se hicieron al Procampo en 2009 son “light y la evidencia muestra que no se están respetando los topes para los pagos, no hay mecanismos de sanción cuando se incumplen y además son altísimos”.

Estudios de los bancos internacionales señalan que el Procampo debe rediseñarse y sugieren que el apoyo se entregue como máximo a los productores con hasta 40 hectáreas.

Libby Haignt, investigadora asociada de Fundar, estima que los topes establecidos, ya sea por extensión de tierra o por cantidad de dinero, difícilmente se han respetado. “Los mecanismos de Aserca, para vigilar que los pagos que están emitiendo cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación, no son lo suficientemente fuertes como para asegurar que se están cumpliendo al cien por ciento”.

Max Agustín Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), advierte que es “del todo cuestionable que personajes que están vinculados al narcotráfico reciban el subsidio cuando hay un buen número de campesinos que no han podido acceder a estos apoyos porque sus parcelas están en trámite de regularización”.

El represente agrario señala que tan sólo la CCC tiene un padrón de un millón y medio de hectáreas de productores indígenas en el norte de Veracruz, en Hidalgo, en San Luis Potosí, en Chiapas, donde está pendiente la solución de conflictos agrarios. “Es injusto que a esos campesinos se les niegue el acceso a este programa por la presunción de irregularidades en el derecho a la propiedad y a personas relacionadas con el crimen organizado se le entreguen cheque millonarios. “Es un esquema de tremendas injusticias e inequidades”.

El diputado perredista José Narro Céspedes opina que los legisladores tienen la tarea urgente de auditar y reformar el programa para que la gente que tiene familiares ligados a grupos de delincuencia organizada, no reciban estos apoyos. “Se requiere hacerlo más eficiente, con más transparencia, y dirigirlo en mayor medida a los que más lo necesitan”.

Apoyo internacional condicionado

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó a México un préstamo de 750 millones de dólares para la continuación del Procampo. El organismo internacional advierte en el documento de aprobación de la línea de crédito que “los desembolsos del Banco se harán únicamente contra los pagos a beneficiarios que tengan menos de 10 hectáreas. El ejecutor deberá acopiar toda la información necesaria para certificar que se cumple esta condición, y el Banco hará la verificación de la misma siguiendo procedimientos acordados”.

Miguel Pulido, especialista en transparencia y rendición de cuentas de Fundar, opina que aunque los bancos internacionales planteen esquemas de supervisión y de revisión de la disposición final de los recursos, sus señalamientos se quedan en la formalidad porque no tiene ninguna implicación o consecuencia para el gobierno mexicano si las incumple.

Previo a la autorización del préstamo, el BID financió la realización del estudio denominado Diagnóstico de Propuestas de Reforma del Procampo. Uno de los apartados señala que “La mitad de los beneficiarios de Procampo tienen menos de dos hectáreas, pero estos reciben apenas 13% de las transferencias. En el otro extremo, 3.8% de los productores, con predios mayores a 18 hectáreas en promedio, obtienen un tercio de las transferencias. El decil de productores más rico concentra casi 42% de las transferencias, mientras que el decil más pobre de productores obtiene apenas 2.2% de los beneficios del programa.

Ricardo Luévano, especialista en derechos humanos y democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, concluye que Procampo es un “programa que beneficia la demagogia y vulnera la democracia. Fue planeado para mantener el poder, más allá, incluso de los propios gobernadores, y tener controladas las manifestaciones o revueltas contra el Estado que se pudieran gestar en el interior del país”.

(Evangelina Hernández e Ignacio Alvarado)