Tribunal electoral corrupto

Tribunal electoral corrupto

Renta de plazas en el D.F

Por Eduardo R. Huchim (*) Diario de Yucatan 15/02/2010

Salvo que las investigaciones en curso acrediten lo contrario, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) se ha dado un caso de corrupción severa imputada al magistrado que lo presidió por poco más de un año. Las denuncias y pruebas presentadas contra Miguel Covián Andrade parecen demoledoras, y la Contraloría del TEDF tendrá que esforzarse en emitir en breve los dictámenes correspondientes, sorteando incluso las argucias dilatorias del propio acusado, quien ha interpuesto promociones cuyo desahogo implica retrasos en la indagación… y luego censura la dilación de ésta.

Covián es acusado de exigir a integrantes de su personal la mitad de su salario, en lo que coloquialmente se llama renta de plazas. El 13 de enero pasado, al comparecer el magistrado en la ALDF, el diputado Leonel Luna resumió así los cargos: Además de las acusaciones en la Contraloría, hay una serie de denuncias radicadas en la Procuraduría de Justicia del D.F. por venta de plazas, “hay acusaciones graves de Claudia Zavala, Octavio Hernández, Lourdes Chávez y de 32 personas más, en tres expedientes de investigación que lo acusan a usted de que, a través de Jaime Gallegos, su secretario particular, y Lizeth González, les solicitaba dinero por trabajar en el tribunal, acusaciones graves sumadas… a los excesos administrativos como el aumento del personal a su cargo, el manejo del fondo revolvente que se elevó en casi un 100 por ciento, donde usted firmaba los cheques, los gastaba y pedía su reembolso, sumadas a la contratación de familiares suyos...” La Contraloría investiga también a Covián por obtener ingresos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En enero de 2008, por no entregar su informe anual, el Conacyt le solicitó al magistrado la reintegración de 109,000 pesos que le fueron pagados en 2007 (Jonathan Villanueva, La Crónica de hoy, 23/01/10). Presumiblemente, la Contraloría del TEDF —que goza de autonomía técnica y de gestión— emitirá este mes su resolución sobre este caso, que implica una violación al Código Electoral capitalino, el cual prohíbe a los magistrados recibir “empleo, cargo o comisión” del gobierno o particulares, salvo los casos no remunerados. Covián ha rechazado las imputaciones y, a su vez, ha acusado a tres magistrados —el presidente Adolfo Riva Palacio, Alejandro Delint y Armando Maitret— de perseguirlo políticamente y de supuestas irregularidades. Sus acusaciones, de las cuales ha excluido a Darío Velasco (el magistrado visto como el jurídicamente más débil en el tribunal), son tres: a) pagos por poco más de cien mil pesos a la revista Barrio para elogiar a un funcionario del TEDF; b) elección irregular de Maitret como presidente temporal, y c) ampliación de 20 a 27 millones de pesos del gasto por la remodelación del edificio sede. Respecto de la revista, hay facturas y constancias de dos pagos por $57,500 cada uno, que cubren sendos desplegados del TEDF; sobre la elección, aparte de ser un asunto menor porque se trataba sólo de cubrir las vacaciones del presidente, la mayoría del pleno aplicó disposiciones del Código Electoral, jerárquicamente superior al Reglamento que Covián y Velasco pretendían hacer valer y que, además, no era aplicable al caso específico. En cuanto a la remodelación, el asunto parte de la adquisición misma del inmueble, pues en 2005, durante la presidencia de Hermilo Herrejón (en el período anterior), se compró en 105 millones de pesos mediante negociaciones que generaron suspicacias e incluso la oposición del magistrado Raciel Garrido. En octubre de 2005, “Reforma” documentó que, pese a recibir ofertas más económicas, el TEDF determinó la compra de su actual edificio (Magdalena 21, colonia del Valle), sin explicar por qué lo escogió. Los impulsores de esa compra fueron principalmente el magistrado Rodolfo Terrazas y su ex secretario de estudio y cuenta y a la sazón secretario de Administración, Francisco Delgado. Sin embargo, auditorías externas realizadas por acuerdo de los magistrados en ejercicio, no detectaron anomalías sancionables. Como quiera, los problemas del inmueble eran preexistentes a la gestión del pleno actual. Naturalmente, si hubiera irregularidades en la remodelación, tendrían que ser sancionados los responsables, pero lo cierto es que ninguna de las imputaciones de Covián a sus compañeros, que ya fueron formalizadas ante la Contraloría, tiene relación con las acusaciones al propio Covián. Esta circunstancia propició que, durante la comparecencia de éste, el diputado Víctor Romo le espetara: “No porque lo acusen él tiene que venir a soltar palomas y tronarlas contra otros magistrados, eso se llama revolver el terreno”. Algunos legisladores de la ALDF ya hablan de la renovación total de los magistrados, pero tal cosa es un despropósito que sólo obedecería a los ímpetus de revancha de ciertos diputados a causa de los fallos del TEDF en polémicos asuntos. El caso Covián erosiona sin duda la credibilidad del TEDF, pero la remoción de todos los magistrados podría causarle un daño irreparable a la autonomía del órgano electoral.— México, Distrito Federal. omnia08@gmail.com ————— *) Periodista