Libertad de expresión en riesgo

Darío Ramírez El Universal 28 Marzo 2010

Si entendemos por multilateralismo el acuerdo político adoptado por diversos Estados-nación con el objetivo de respetar principios y derechos contendidos en acuerdos internacionales ratificados, podemos afirmar que México es parte del multilateralismo de los derechos humanos. Celebra que ha ratificado todos los tratados internacionales en la materia. Se jacta de impulsar convenciones y declaraciones internacionales. Trabajó incansablemente para promover la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Presume de su invitación permanente al escrutinio internacional. Le da la bienvenida a la oficina de derechos humanos de la ONU en nuestro país. Es un firme impulsor para que los sistemas internacionales funcionen para promover y defender los derechos fundamentales.

Si México es un motor para fortalecer el concierto de naciones y avanzar la agenda de derechos humanos, lo indispensable sería hacernos, una vez más, la pregunta: ¿Y en casa por qué el desdén hacia garantizar los derechos y cumplir con sus obligaciones internacionales? ¿Por qué la dualidad en la política, acaso es sólo retórica internacional? No es un cuestionamiento nuevo. Ha sido ampliamente estudiado el fenómeno de la dicotomía entre política interna y política exterior. En las últimas semanas, México ha sido evaluado por el multilateralismo que tanto impulsa. Esta vez le tocó al Comité de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los temas de derechos humanos analizados fueron diversos y prácticamente en ninguno tuvo una nota aprobatoria. Sin embargo, permítanme hacer una reflexión en torno a lo que se afirmó en la ONU y CIDH sobre el goce de la libertad de expresión en México. Al unísono la comunidad internacional afirmó que el goce de la libertad de expresión en México está en riesgo. El 8 de marzo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por expertos independientes, afirmó que las violaciones al artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en México son de extrema preocupación. El Comité señaló al Estado que debe: tomar medidas inmediatas para proporcionar protección eficaz a los periodistas y los defensores de los derechos humanos, cuyas vidas y seguridad corren peligro a causa de sus actividades profesionales, en particular mediante la aprobación oportuna del proyecto de ley sobre los delitos cometidos contra la libertad de expresión ejercida a través de la práctica del periodismo; velar por la investigación inmediata, efectiva e imparcial de las amenazas, ataques violentos y asesinatos de periodistas y tomar medidas para despenalizar la difamación en todos los estados.

El 22 de marzo, en audiencia para analizar las agresiones a la prensa en México, solicitada por Artículo 19 y Cencos, la CIDH cuestionó al Estado sobre la falta de resultados en la investigación y los altísimos niveles de impunidad en relación con los casos de desaparición y asesinato de periodistas. Fue el comisionado Pinherio quien preguntó expresamente cuántos perpetradores de la libertad de expresión estaban en la cárcel desde 2007. El Estado no pudo contestar. El comisionado Escobar Gil aprovechó para cuestionar por qué ha habido tantas agresiones a la prensa por parte de funcionarios públicos sabiendo que dicha práctica vulnera la libertad de prensa. Tampoco pudo contestar. Asimismo, las mencionadas organizaciones civiles peticionarias proveyeron un panorama desolador para el periodismo en México. Desde las amenazas del crimen organizado hasta las actuaciones reprochables e ilegales de autoridades públicas. La agenda de trabajo planteada a la CIDH versó en los siguientes puntos: impulsar que la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, pueda tener vista a los expedientes de los casos de periodistas asesinados y desaparecidos de 2007 a la fecha en aras de encontrar y determinar las causas que sostienen en completa impunidad dichos casos; asegurar que el Estado brinde información regular sobre el estado que guarda la reforma legal para federalización de los delitos contra la libertad de expresión y la modificación al marco legal de la FEADP con el fin de proveerle de un marco jurídico que le dé las adecuadas facultades.

El multilateralismo, como fuente de las relaciones internacionales, se basa en la buena fe de los estados. El incumplimiento de las obligaciones internacionales vulnera la viabilidad de dicho sistema. Los llamados a México de la comunidad internacional para atender las violaciones graves a la libertad de expresión, y otras violaciones a los derechos humanos, han sido recurrentes en los últimos cinco años. El Estado mexicano quebranta el frágil equilibrio del sistema internacional al asegurar en foros internacionales que el ejercicio de la libertad de prensa está asegurado en México, cuando la realidad dice lo contrario. Todo parecería indicar que el Estado se basa en la simulación, cinismo, inacción, incapacidad, indiferencia para no hacer valer sus obligaciones internacionales. Es de esperarse que, por el bien de México, las políticas del Estado mexicano en esta materia cambien rápidamente antes de que se vea en la tesitura de hacerlo por la presión de la ONU y de la CIDH.

Director de Artículo 19 para México y Centroamérica