jueves, 21 de enero de 2010

El Ejército, en cuenta regresiva

El Ejército, en cuenta regresiva
Editorial El Universal 21 de enero de 2010



Ayer, en la presentación de su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, la organización civil Human Rights Watch (HRW) denunció que los soldados mexicanos cometen “abusos aberrantes durante su participación en actividades de seguridad pública”. El grupo presenta como fundamento algunos testimonios y cifras de denuncias realizadas ante la CNDH, fuentes que podrían considerarse insuficientes para generalizar sobre la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, en este caso sí es factible. El simple hecho de que 45 mil hombres armados —sin supervisión civil— estén todos los días en las calles implica un atropellamiento inminente a los derechos humanos. Todos los especialistas coinciden en ello. Ha sucedido en el mundo, desde Bagdad hasta Chile, desde Tuxtla Gutiérrez hasta Ciudad Juárez. Luego entonces, por el tiempo que ha durado esta guerra y la nula vigilancia externa a la actuación del Ejército, todo indica que los abusos sí van en aumento.
Queda claro que no se tomaron la medidas necesarias para supervisar a los soldados desde alguna instancia civil o pública autónoma, ni para restablecer después las condiciones mínimas de seguridad que nos permitieran prescindir de los militares. Por eso las Fuerzas Armadas siguen en las calles, porque la alternativa es aún más inviable: dar a las policías municipales y estatales y a las procuradurías locales —de probada ineficiencia y corrupción— el control de los territorios. Con seguridad la delincuencia organizada retomaría el dominio en poco tiempo.
Así lo percibe también la mayoría de los mexicanos, que de acuerdo a una encuesta difundida hoy por este periódico, prefiere al Ejército en labores de seguridad pública. ¿Y cómo no? Si más de 40 % de las personas encarceladas en México no ha recibido nunca una sentencia por los delitos que se les atribuyen, si las procuradurías en este país persiguen con base en suposiciones y dichos de criminales, si la presunción de inocencia y los juicios orales siguen como letra muerta por falta de inversión en el sistema judicial.
El Ejército mexicano se ha caracterizado desde el siglo XX por su institucionalidad, una facultad que le distingue de otras agrupaciones militares en América Latina. Tras el cambio de gobierno en el 2000 supo adecuarse a los nuevos tiempos, algo que no sucedió con las policías.
Lo atemorizante es que después de las Fuerzas Armadas ya no hay otro recurso para salvaguardad la integridad del país. Si los años pasan y los militares se mantienen en labores de seguridad pública se corre el riesgo de perder nuestro último resabio de seguridad y confianza. Los soldados serán contaminados por los niveles de corrupción de las policías y les será cada vez más difícil respetar los derechos de la población.

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