SCT: decisiones y consecuencias

SCT: decisiones y consecuencias

Telecom y Medios Gabriel Sosa El Universal 26 de febrero de 2010

Esta semana la SCT, que encabeza Juan Molinar, dio a conocer una serie de decisiones fundamentales para el sector, cuyas implicaciones son diversas:

1. Es evidente que las acciones de la SCT tuvieron el aval del presidente Felipe Calderón, pese a las consecuencias que ello podría tener en cuanto a la relación de su administración con los poderosos intereses políticos y económicos existentes en el sector. Pero el mensaje es claro: el gobierno no llevará acuerdos bajo la mesa y está dispuesto a cumplir estrictamente la ley.

2. La SCT será presionada de diferentes maneras, no sólo con más recursos jurídicos en contra de sus decisiones, sino también –ahora más que nunca- en los espacios periodísticos de diversos medios. Esto implicará para la dependencia un trabajo político y comunicacional muy efectivo para que sus resoluciones sean comprendidas por los “ciudadanos de a pie”, tanto en México como en el extranjero, y convencer de que la “seguridad jurídica” que demandan los operadores se garantizará siempre y cuando respeten la ley.

3. En ocasiones, el cumplimiento estricto de la ley genera, paradójicamente, consecuencias no previstas y una de ellas es en materia de explotación del espectro radioeléctrico. El Estado, como ocurre ahora, busca recuperar espectro y procede en consecuencia para posteriormente licitarlo. Los operadores se amparan y los recursos litigiosos impiden, mientras se lleva a cabo el proceso legal, recuperar las bandas de frecuencias.

Así pueden transcurrir años, sin que el Estado y los operadores puedan disponer del espectro disputado, derivando en lo que en un principio se trató de evitar: el uso no eficiente. Esto podría suceder con las concesiones que la SCT ha decidido no refrendar a MVS en la banda 2.5 a 2.7 Ghz, y con los canales 46 y 52. Resultado final: menor competencia y servicios.

4. El 26 de junio de 2007 comentamos en esta columna que procedía la revocación del canal 46, concesionado a Cablevisión, porque la empresa no lo puso en operación en los tiempos establecidos (180 días) en su título de concesión (17 de noviembre de 2000). Desde entonces nadie se había atrevido a tomar cartas en el asunto. Lo interesante es que el procedimiento seguido por la SCT, quizás más sencillo y contundente, es por la solicitud extemporánea de la prórroga de la concesión, y no por no haber hecho uso del canal.

5. La que menos pierde con las decisiones de la SCT es Televisa, si se compara la situación que enfrentan sus competidores. Es más, me atrevo a decir que gana porque la Canitec ha considerado como ilegal el servicio HiTV. Tampoco estaba de acuerdo que una sola empresa, MVS, explotara las frecuencias concesionadas en la banda de 2.5 a 2.7 Ghz. Las diferencias entre Televisa y Tv Azteca comienzan a generarse en sus noticiarios. Antier, por ejemplo, Televisa destacó la multa del IFE a Tv Azteca, mientras que esta empresa preparó una nota sobre las multas de la Cofeco y de la Profeco no pagadas por empresas de Televisa.

6. La convergencia tendrá aun que superar muchos obstáculos. Aunque importantes, las decisiones de la SCT y la Cofetel serán insuficientes y podrían perderse en el laberinto de los juzgados mexicanos, hasta que no se actualice el marco jurídico del sector para acabar, de una vez por todas, con los vacíos y las ambigüedades legales que entorpecen el desarrollo de la radiodifusión y las telecomunicaciones. La ley integral parece impostergable.

RÉPLICA Y OTRO LIBRO

La semana pasada, comentamos que el proceso de elección para renovar al Consejo Consultivo de la CIRT tuvo algunas irregularidades. El presidente de la Delegación de la CIRT en Veracruz, Fernando Pazos Gómez, escribió a este columnista para asegurar que la asamblea de la CIRT “cumplió con todos los requisitos y estatutos” y que la información que divulgamos es errónea.

Tengo en mis manos una copia del oficio, fechado el 29 de enero de 2010, que la Secretaría de Economía envió a la CIRT, en la que se detalla la “trasgresión” que la dependencia encontró en la votación. La versión es oficial, no de quien de esto escribe.

Ayer se presentó en el libro Comunidad y desacuerdo, coordinado por la Dra. María del Carmen de la Peza. La obra reúne ensayos de académicos de México y Argentina, en los que se analiza de manera teórica y empírica a los nuevos sujetos de la acción política y los movimientos sociales. El tema de los medios y la comunicación ocupa un lugar fundamental, como se advierte en algunos trabajos sobre la legislación del sector, el uso de la radio durante el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) o el rock como fenómeno musical.