Propuestas priistas
Por Eduardo R. Huchim El Diario de Yucatan 29 Marzo 2010
La propuesta de reforma política de los diputados del PRI —o de parte de ellos— adolece de poca seriedad y, hasta donde se sabe, no contiene aportaciones socialmente útiles y sí deplorables elementos de regresión, como el despropósito de eliminar el límite de sobrerrepresentación en el Congreso (actualmente fijado en ocho puntos porcentuales) y como la pretensión de hacer participar a los gobernadores —que ya de suyo ejercen un excesivo poder sin controles— en la discusión de asuntos que sólo competen a los legisladores.
No es necesaria mucha suspicacia para percatarse de que las principales propuestas del grupo parlamentario del PRI en la Cámara —o de parte de él— obedecen a los intereses del anteprecandidato presidencial Enrique Peña Nieto, quizá deslumbrado éste por los resultados de las encuestas que lo ponen a la cabeza de la carrera a Los Pinos. Diputados y gobernador deberían recordar que hace seis años, el PRI también concentraba las mayores preferencias, si bien sin tanta diferencia como ahora, y al final del día fue relegado a un pobre tercer lugar.
Una propuesta que ha tenido pocos reflectores está destinada a erosionar aún más la autonomía del Instituto Federal Electoral, si bien se la presenta con el glamoroso ropaje de la rendición de cuentas y el control administrativo. La propuesta, explicada por el diputado Emilio Chuayffet, plantea la instauración de una contraloría colegiada de tres miembros. (Dicho sea de paso, una contraloría con titular nombrado por la Cámara —considerada por algunos como lesiva a la autonomía del órgano electoral— es, para mí, una disposición virtuosa de la reforma de 2007).
El problema no es el carácter unipersonal o colegiado de la Contraloría del IFE, sino la obvia pretensión de poner ahí a personeros afines a la diputación mexiquense y usarla para supeditar a los consejeros. Costó décadas de esfuerzos ciudadanos y políticos desvincular del Poder Ejecutivo la organización de las elecciones. Sería altamente malsano sujetar ahora al IFE a otro de los poderes. Ciertamente, la actual administración del instituto no es precisamente la mejor, a la luz de las 246 observaciones del auditor, a las cuales se suma el cuestionable acuerdo que tomó la Junta General Ejecutiva del instituto, en el sentido de que el dinero producto de las multas impuestas a las televisoras (diferentes de las partidarias) vaya a un fideicomiso que sirva para cubrir el llamado pasivo laboral. El consejero presidente, Leonardo Valdés, afirma que el acuerdo tiene fundamento legal (Guadalupe Irízar, Reforma, 08/03/10), pero aun si así fuera y aun cuando las previsiones laborales pudieran ser inobjetables, su fondeo debe provenir del presupuesto del instituto, no de una fuente que necesariamente tiene un contenido litigioso como el de las sanciones impuestas por el propio IFE.
Destinar el producto de las multas a prestaciones laborales, por muy justas que sean, arroja sobre aquéllas la sombra de la suspicacia. ¿Se fijarían las sanciones por razones estrictamente vinculadas a la gravedad de la falta o se tomaría en consideración la posibilidad de engordar un fideicomiso para fines laborales? Adicionalmente, el IFE no ha precisado qué entiende por pasivo laboral, y es de esperarse que éste no incluya bonos discrecionales.
Lo expuesto anteriormente parecería reforzar las razones para una contraloría con más atribuciones como la planteada por los diputados priistas, pero no es así. Permite, en cambio, ejemplificar: si como aconseja la prudencia, todas las sanciones que imponga el IFE deben tener un destino externo al instituto, basta con que así lo determine la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como ya lo hizo con las multas a los partidos políticos cuyo producto se entrega al Conacyt, y para esto no se requiere contraloría colegiada ni controles extras sobre un órgano autónomo. Las pretensiones de mediatizarlo deben ser combatidas desde su génesis misma.— México omnia08@gmail.com ————— *) Periodista
Por Eduardo R. Huchim El Diario de Yucatan 29 Marzo 2010
La propuesta de reforma política de los diputados del PRI —o de parte de ellos— adolece de poca seriedad y, hasta donde se sabe, no contiene aportaciones socialmente útiles y sí deplorables elementos de regresión, como el despropósito de eliminar el límite de sobrerrepresentación en el Congreso (actualmente fijado en ocho puntos porcentuales) y como la pretensión de hacer participar a los gobernadores —que ya de suyo ejercen un excesivo poder sin controles— en la discusión de asuntos que sólo competen a los legisladores.
No es necesaria mucha suspicacia para percatarse de que las principales propuestas del grupo parlamentario del PRI en la Cámara —o de parte de él— obedecen a los intereses del anteprecandidato presidencial Enrique Peña Nieto, quizá deslumbrado éste por los resultados de las encuestas que lo ponen a la cabeza de la carrera a Los Pinos. Diputados y gobernador deberían recordar que hace seis años, el PRI también concentraba las mayores preferencias, si bien sin tanta diferencia como ahora, y al final del día fue relegado a un pobre tercer lugar.
Una propuesta que ha tenido pocos reflectores está destinada a erosionar aún más la autonomía del Instituto Federal Electoral, si bien se la presenta con el glamoroso ropaje de la rendición de cuentas y el control administrativo. La propuesta, explicada por el diputado Emilio Chuayffet, plantea la instauración de una contraloría colegiada de tres miembros. (Dicho sea de paso, una contraloría con titular nombrado por la Cámara —considerada por algunos como lesiva a la autonomía del órgano electoral— es, para mí, una disposición virtuosa de la reforma de 2007).
El problema no es el carácter unipersonal o colegiado de la Contraloría del IFE, sino la obvia pretensión de poner ahí a personeros afines a la diputación mexiquense y usarla para supeditar a los consejeros. Costó décadas de esfuerzos ciudadanos y políticos desvincular del Poder Ejecutivo la organización de las elecciones. Sería altamente malsano sujetar ahora al IFE a otro de los poderes. Ciertamente, la actual administración del instituto no es precisamente la mejor, a la luz de las 246 observaciones del auditor, a las cuales se suma el cuestionable acuerdo que tomó la Junta General Ejecutiva del instituto, en el sentido de que el dinero producto de las multas impuestas a las televisoras (diferentes de las partidarias) vaya a un fideicomiso que sirva para cubrir el llamado pasivo laboral. El consejero presidente, Leonardo Valdés, afirma que el acuerdo tiene fundamento legal (Guadalupe Irízar, Reforma, 08/03/10), pero aun si así fuera y aun cuando las previsiones laborales pudieran ser inobjetables, su fondeo debe provenir del presupuesto del instituto, no de una fuente que necesariamente tiene un contenido litigioso como el de las sanciones impuestas por el propio IFE.
Destinar el producto de las multas a prestaciones laborales, por muy justas que sean, arroja sobre aquéllas la sombra de la suspicacia. ¿Se fijarían las sanciones por razones estrictamente vinculadas a la gravedad de la falta o se tomaría en consideración la posibilidad de engordar un fideicomiso para fines laborales? Adicionalmente, el IFE no ha precisado qué entiende por pasivo laboral, y es de esperarse que éste no incluya bonos discrecionales.
Lo expuesto anteriormente parecería reforzar las razones para una contraloría con más atribuciones como la planteada por los diputados priistas, pero no es así. Permite, en cambio, ejemplificar: si como aconseja la prudencia, todas las sanciones que imponga el IFE deben tener un destino externo al instituto, basta con que así lo determine la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como ya lo hizo con las multas a los partidos políticos cuyo producto se entrega al Conacyt, y para esto no se requiere contraloría colegiada ni controles extras sobre un órgano autónomo. Las pretensiones de mediatizarlo deben ser combatidas desde su génesis misma.— México omnia08@gmail.com ————— *) Periodista
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