Secuestro a migrantes

Luis Arriaga Valenzuela El Universal 29 Marzo 2010

El pasado lunes varias organizaciones expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por el secuestro de migrantes en nuestro territorio. La CIDH calificó el plagio de 18 mil personas, provenientes en su mayoría de Centroamérica, como “verdadera tragedia humanitaria”. Los representantes del Estado mexicano no rebatieron tales calificativos. A pregunta expresa del presidente de la CIDH y relator de Trabajadores Migratorios, Felipe González, sobre el número de personas procesadas tanto del Estado como de la delincuencia organizada, los funcionarios públicos aceptaron que no había una sola.

La respuesta del Estado mexicano deja entrever la falta de acciones eficientes ante un hecho que ha sido denunciado por diversas organizaciones civiles desde hace más de tres años. La situación se ha agravado debido al hostigamiento y la persecución de defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes. La presentación hecha por las organizaciones mexicanas que auxilian a los migrantes y les brindan ayuda humanitaria se suma a las acciones realizadas ante otras instancias internacionales para dar a conocer la falta de una política real y comprometida en materia de derechos humanos en el país. Se resquebraja así la imagen internacional con la intención de que las autoridades asuman a cabalidad sus compromisos internacionales. En este caso la intervención gubernamental debe sobreponerse a la indiferencia que hasta ahora ha caracterizado a las diversas instancias ante un hecho escandaloso: en seis meses de 2009 fueron secuestrados 9 mil 758 hombres y mujeres.

El fenómeno migratorio, omnipresente en la historia de la humanidad e incentivado actualmente por los efectos de medidas económicas erróneas, es criminalizado y obstaculizado. Cientos de policías y agentes migratorios se encuentran coludidos con grupos delincuenciales que medran con el dolor de las víctimas y sus familias. Las políticas de seguridad pública en la presente administración se han centrado en la realización de acciones de “combate contra la violencia y el crimen organizado”; sin embargo el secuestro de migrantes no parece estar en las prioridades, como se evidenció en la audiencia ante la CIDH.

Especialmente, preocupante en este contexto resulta el involucramiento del Ejército, también en este tema, para que realice tareas cuya responsabilidad corresponde a instancias civiles. Más preocupante resulta que se utilice al Ejército sin establecer controles civiles que sujeten su actuación a un marco de respeto a los derechos humanos.

Al hecho denunciado se suman las dificultades de todo el recorrido: las extorsiones, los abusos cometidos por autoridades de los más diversos órdenes, el hambre, el frío y la sed. Como lo afirmó el comisionado Escobar Gil, esta situación deviene en “una violación grave y múltiple de derechos humanos”. De ella no rinde cuentas el Estado, quien es responsable por acción y omisión. Así lo establecen los lineamientos internacionales.

La lógica empleada por delincuentes y autoridades para obtener altas ganancias pese a la pobreza de quienes migran no discrepa mucho de la irracionalidad del mercado. Para las y los implicados importa el volumen de personas secuestradas, no la cantidad de dinero sustraída con extrema violencia. Los “rescates” oscilan entre los 200 pesos y los 6 mil dólares. Las familias ya residentes en Estados Unidos o aquellas que habitan en Centroamérica, venden todo y se endeudan para preservar la vida e integridad de su ser querido. Estas situaciones han sido ampliamente documentadas por grupos que trabajan directamente con los y las migrantes.

Los hechos no son alentadores, más bien inciertos. Sin embargo, una oportunidad para poner alto a esta situación es la intención —expresada en dos oportunidades durante la audiencia— del relator de trabajadores migrantes de la CIDH de visitar nuestro país. A fin de llevar adelante la defensa y promoción de los derechos de personas altamente vulnerables es fundamental que cese el hostigamiento hacia las personas migrantes y que el gobierno implemente una política respetuosa de los derechos humanos en este tema tan sensible.

Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC