Tiembla el IMSS
Politizadas las conclusiones de la indagación realizada por encargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las causas profundas de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, al hacerse público el documento final, el callejón coloca al Seguro Social en la piedra de las inmolaciones
De mantenerse intacta la perspectiva delineada en el texto al que hoy burdamente se le quiere dar perfil de preliminar, el epicentro de la catástrofe que provocó la indignación del país y permitió arrebatarle al PRI el gobierno de Sonora, se ubica en la supuesta ilegal subrogación de las estancias infantiles realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Bajo ese prisma, éste debería dar marcha atrás, es decir hacerse cargo de las mil 500 guarderías que se cobijan en la figura, al menos mientras el Congreso reglamenta la figura o de plano modifica la ley. El problema es que el costo sería de 2 mil millones de pesos.
Y a lo mejor usted pensaría que en la emergencia el organismo tripartita podría tomar parte de sus reservas laborales. Sólo que, ¡válgame Dios!, éstas ya no existen.
Naturalmente, la carambola pondría en entredicho todos los servicios que subroga el IMSS, cuyo abanico oscila desde la realización de hemodiálisis para enfermos de insuficiencia renal crónica, hasta la existencia de clínicas privadas para trabajadores de empresas de Monterrey.
La paradoja del caso es que, a contrapelo del señalamiento avalado por tres magistrados designados por el máximo tribunal de justicia del país para hacer la indagación, sí existe en la ley la figura de la subrogación con reversión de cuotas.
Esta se ubica en el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, señalando específicamente la posibilidad de guarderías.
En caso es que el callejón se estrechó tanto, que si el organismo reculara frente a lo que en el papel parece contundente, la interpretación de la opinión pública apuntaría a que se trata de un intento pedestre de librar al ex director general del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, de la picota.
El escándalo aumentaría su cauda de decibeles considerando el conflicto de interés que mantiene el ministro ponente de las conclusiones, Fernando Franco, quien fue subsecretario del Trabajo y como tal integrante del Consejo Técnico del organismo tripartita.
De hecho, lo correcto, lo ortodoxo, habría sido que se excusara desde el primer momento.
La encrucijada es simple: si exonerara al Seguro Social por el uso de la polémica figura, parecería que se estaría exculpando a sí mismo.
Ahora que si se modificara el señalamiento hacia los funcionarios menores del instituto, todos ellos, por cierto, corridos en su momento, por más que el de más alto nivel fue recompensado con una millonaria indemnización, a quienes se acusa de negligencia, la mira se levantaría hacia los propietarios en la guardería, entre ellos la prima de la esposa del Presidente, Margarita Zavala, llamada Marcia Martín Del Campo.
La lógica es simple: si el Seguro Social cumplió con advertir, la negligencia quedó en otros.
Por lo pronto, la justificación del Seguro Social en aval de la subrogación de guarderías es que las 500 que opera resultan más onerosas que las mil 500 restantes. El problema es que el argumento parecería autogol, dado que o se inflan los costos de éstas con cargo a la corrupción, o los servicios que se ofrecen son muy superiores a los subrogados, lo que implicaría servicios de primera y de segunda para familias con idénticos derechos.
Ahora que al no tener asideras vinculatorias la investigación, al final del día la Corte sólo avalará, rechazará o enmendará los señalamientos, sin opción alguna de dictar sentencia, lo que aumentará el tamaño del fiasco.
Lo que en el papel, pues, parecía la construcción de un cimiento para la justicia en el caso más doloroso de los último años que le provocó una muerte de pesadilla a 49 niños, se enredó en vericuetos cuya salida aumentará el dolor.
Por lo pronto, el Seguro Social se perfila como chivo expiatorio.
Balance General
En el inaudito de la temporada, hete aquí que la empresa Mexicana de Lubricantes, de la que Pemex es accionista con 46.80% del capital, contrató al ex director de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars, para ayudarle a “limpiar” los estados financieros de la firma de capital mixto, con miras a la asamblea de socios programada para esta mañana. El problema es que el ex funcionario fue inhabilitado por 20 años por la Secretaría de la Función Pública (expediente 17/2002 y acumulado 52/2002) para trabajar en el sector público.
El asunto se remite al grave quebranto a la paraestatal provocado por la asignación de un contrato a un consorcio coreano para modernizar y reconfigurar la refinería de Cadereyta, Nuevo León, a quien se le otorgó constancia de finiquito cuando los trabajos no habían sido concluidos.
De hecho, 10 años después las plantas no pueden operar al máximo de su capacidad instalada.
Reguladores balines
De acuerdo a una evaluación realizada por 30 expertos a los que convocó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, ninguna de las comisiones reguladoras creada por el gobierno tiene una visión clara del modelo de competitividad mexicano.
Más aún, de las cuatro sometidas a la lupa, sólo una, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, obtiene una calificación aprobatoria, por más que de sólo 6.1.
A la Comisión Federal de Telecomunicaciones se le asigna un contundente 4.2, aludiendo a la duplicidad de funciones con la SCT que “genera confusión y contradicciones en los resolutivos”.
A la Comisión Reguladora de Energía se le califica con 5.1, criticándose su papel limitado frente a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
Finalmente, a la Comisión Federal de Competencia se le otorga un 5.2 ante su falla de transparencia respecto a los procesos internos que derivan en la aplicación de multas.
Matas y sobas
Anunciada a vuelo de fanfarrias la intención de la empresa Gas Natural de México, subsidiaria de la española Gas Natural, una reducción en el precio de su producto a nivel doméstico e industrial ante su brutal alza de los últimos meses, hete aquí que mientras el gobierno termina de torcerle el brazo, ya se cubrió en algunas entidades federativas.
Así, según denuncia en tribuna de la diputada panista María Antonieta Pérez Reyes, la filial de la firma en la sufrida Ciudad Juárez acaba de incrementar el costo del energético en ¡400%!
Bajarle, pues, el monto que sea, resultará espectacular.
Ahora que hasta hoy la presión de la autoridad no alcanza a otras firmas que también trabajan con perfil monopólico, por ejemplo, MaxiGas Natural, quien opera en Jalisco.
La firma es filial de la belga Tractebel, quien a su ingreso a la entidad federativa había garantizado operar con precios competitivos.
Lo grotesco del asunto es que la firma mantiene altísimos sus precios al público por haber realizado operaciones de cobertura cuando el energético se ubicaba en nueve dólares por millón de BTU’s.
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