Constitución obsoleta

Constitución obsoleta

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, más que un documento jurídico coherente, era un proyecto de nación a construir a partir de la indispensable rotación de la clase política

Línea directa Ezra Shabot El Universal 05 de febrero de 2010

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, más que un documento jurídico coherente, era un proyecto de nación a construir a partir de la indispensable rotación de la clase política. La dictadura de Porfirio Díaz fue derrocada por un movimiento que, antes que otra cosa, entendió y finalmente institucionalizó el “autoritarismo sexenal”. La única forma de evitar otra revuelta, era la creación de un pacto en el que se asegurara el respeto a las reglas no escritas de la sucesión presidencial cada seis años. La posibilidad real de rotación de las élites dirigentes garantizó el buen funcionamiento de un sistema sin democracia. El resto era decisión del mandatario en turno.

Es por ello que la Constitución se construyó como un documento en donde el presidente en turno podía contar con los instrumentos legales para hacer prácticamente todo. Así, hubo quien expropió el petróleo, quien mexicanizó la industria eléctrica, quien nacionalizó la banca y, por otra parte, quien privatizó los mismos bancos y la mayoría de las empresas públicas, quien abrió las puertas a la inversión extranjera, y hasta quienes aceptaron iniciar el proceso de democratización del país. Todo se podía hacer menos extender la duración del periodo sexenal de gobierno.

Con la pérdida de la mayoría priísta en la Cámara baja en el año 1997 y la llegada de un gobierno panista en el año 2000, las estructuras jurídicas de una Constitución Política elaborada para un régimen presidencialista absoluto empezaron a entrar en contradicción con una serie de leyes y reglamentos propios de una democracia no extendida a todos los niveles de gobierno. En este sentido los juicios por inconstitucionalidad se han convertido en una constante que demuestra la falta de coherencia entre una Constitución modificada en innumerables ocasiones desde 1917 y la legislación surgida de la transición democrática de México.

La Carta Magna vigente al día de hoy, a pesar de los cambios operados al gusto del presidente en turno, no responde a las necesidades de un nuevo equilibrio de poderes dentro de un presidencialismo democrático en construcción. Mientras el Partido Acción Nacional busca transformaciones que le den al primer mandatario capacidad de tomar decisiones efectivas, el Partido Revolucionario Institucional busca mantener la fuerza de un Congreso que hoy tiene la fuerza suficiente como para evitar que los cambios legislativos importantes se produzcan. En este sentido la Constitución Política es más un obstáculo, que un elemento de apoyo a la democratización integral del país.