Constitución… ¿Vigente?

Constitución… ¿Vigente?

Diego Ernesto Díaz Iturbe El Universal 05 de febrero de 2010

A lo largo de los 93 años de ser promulgada, nuestra Carta Magna ha sufrido 59 reformas, que en suma representan 495 modificaciones a sus 136 artículos, esto es en promedio más de tres artículos modificados por cada año. Muchas de las reformas han sido grandes saltos hacia adelante en nuestra Constitución, considerada en su momento la más avanzada en garantías sociales en el mundo. Algunas de éstas fueron reformadas por grandes presidentes como Lázaro Cárdenas (1934 -1940), mejorando las garantías de educación, la propiedad nacional de los energéticos, derechos para los trabajadores, entre otras. También López Mateos reformó el artículo 27 para nacionalizar la industria eléctrica, estableciendo que no se otorgarán concesiones a particulares para la prestación de dicho servicio.

El artículo con más reformas es el 73, que establece las facultades del Congreso. Éste se ha modificado en 60 ocasiones para otorgar o reducir poderes a los congresistas para legislar sobre mayores temas y disminuir las facultades residuales de los estados, o viceversa. Los otros artículos más reformados son el 123, sobre el trabajo y la previsión social (23 ocasiones); 27 sobre energía (16 ocasiones); 74 sobre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados (14 ocasiones); 89 sobre las obligaciones del Presidente (13 ocasiones); 107 sobre el juicio de amparo (13 ocasiones); 115 sobre los estados, los municipios y su relación con la Federación (13 ocasiones). De los artículos que integran la Constitución sólo 34 no han sido reformados; los 102 restantes han sufrido en promedio cuatro modificaciones.

Los parches y alteraciones a los diversos artículos respondieron en muchas ocasiones a los caprichos de los gobernantes, pues la mayoría de las reformas provenían de la Presidencia; sin embargo, en la actualidad existen dos importantes diferencias: i) ahora son los legisladores quienes presentan la mayoría de las iniciativas para la reforma constitucional; y ii) a diferencia de las iniciativas presentadas por los presidentes bajo la hegemonía del PRI, casi ninguna de las iniciativas es aprobada y la mayoría son congeladas en los archivos de San Lázaro y Xicoténcatl.

Pese a que las reformas constitucionales representan el proceso legislativo más complicado que existe, pues debe ser aprobado por dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso, refrendadas por al menos 16 legislaturas estatales y la publicación del Ejecutivo federal, los legisladores contemporáneos dedican un importante esfuerzo, tiempo y dinero a la presentación de todo tipo de reformas constitucionales, muchas de ellas sobre los mismos artículos e incluso sobre la misma redacción. Cabe resaltar que durante las últimas tres legislaturas, en el Congreso de la Unión se han presentado alrededor de 8 mil 600 iniciativas, el 13% y 19% en las cámaras de Diputados y de Senadores respectivamente se enfocan a cambiar la Carta Magna.

Lo más preocupante no sólo es la tasa de aprobación de estas iniciativas (7% y 10%, respectivamente) sino que la tasa de presentación de éstas se ha incrementado constantemente. Mientras que para la Legislatura LX las comisiones de Puntos Constitucionales recibieron cerca de 472 turnos en promedio, que representan 25% del total, en la actual Legislatura el porcentaje se ha incrementado a cerca de 28%.

Considerando la cantidad de parches y enmiendas que ha recibido la Constitución, y pensando en que el deseo de reformarla se ha vuelto un factor exponencial con la pluralidad en las cámaras, quizá sea tiempo de hablar claro cuando mencionamos frases como “reforma del Estado” y pensar en la posibilidad de un nuevo Congreso constituyente. Después de todo, una nueva estructura del Estado en la sociedad mexicana no parece una mala idea. Sin embargo, también debe reconocerse que muchas de las nuevas añadiduras en tiempos recientes han permitido la autonomía de Banxico y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el derecho al voto de las mujeres, así como la ciudadanización del IFE y la integración del derecho de acceso a la información pública a los derechos individuales. Así, creo que es tiempo de entrar en un debate realista sobre nuestra Carta Magna, continuar con procesos largos y costosos, con un alto grado de fracaso para reformarla, o refundar el documento desde sus cimientos.

Director general de Transparencia Legislativa AC