Sociedad convulsa

Los Grandes Días Manuel Mejido 

Sociedad convulsa

Organización Editorial Mexicana 16 de febrero de 2010

* Las protestas son contra el Gobierno, no contra los delincuentes

* En Ciudad Juárez reclaman la salida de soldados, no de narcos

* Por las amenazas de los criminales, fracasó la marcha en Torreón

En México las autoridades son incapaces de garantizar la seguridad pública. Pero aún más grave es que la sociedad desconfíe de las policías y los militares y prefiera que los cárteles de la droga o grupos delincuenciales controlen las calles.

La llamada "Marcha del Coraje", realizada en Ciudad Juárez el sábado pasado, cumplió con su objetivo: llamar la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Inclusive, en varias localidades de la República y en el extranjero se realizaron actos de protesta similares.

Pero las consignas de los manifestantes confundieron a los especialistas en asuntos de seguridad pública, porque no fueron contra los delincuentes, asesinos, narcotraficantes o secuestradores. Tampoco reclamaban mejores leyes ni funcionarios probos.

El enojo popular fue contra las fuerzas armadas destacamentadas en Ciudad Juárez. Un repudio general contra el militarismo.

Al grito de "Juárez no es un cuartel. Sal Ejército de él", millares de personas protestaron contra los soldados que patrullan las calles de esa ciudad fronteriza por los abusos cometidos tanto por los altos mandos como por la tropa.

En Chihuahua, los ánimos están encrespados. Una pequeña provocación podría desatar estallidos violentos que nadie desea. Los estrategas en seguridad de Los Pinos no advirtieron el peligro de confrontar a la fuerza pública con los padres, parientes y amigos de los 16 jóvenes asesinados el pasado 31 de enero, que acudieron el jueves pasado a la reunión que sostuvo Felipe Calderón con empresarios y algunas madres, que dieron la espalda al Presidente mientras leía su discurso. El pueblo está muy enojado. A punto de estallar.

Primero los feminicidios causaron temor entre los juarenses; luego fue la ola de secuestros, y le siguió la violencia desatada por las disputas entre los líderes del cártel de Juárez, encabezado por los hermanos Carillo Fuentes. Desde hace 20 años, el regreso de la tranquilidad a esa ciudad parece imposible.

En las protestas del pasado sábado nunca se escuchó un "ya basta" a la delincuencia, como ocurre anualmente en el Distrito Federal desde junio de 2004. Esta vez los reclamos fueron contra los dirigentes nacionales, a quienes señalan como responsables directos de la creciente ola criminal en todo el país.

Resulta inaceptable que en una nación que se presume democrática, desarrollada y respetuosa del estado de derecho, el pueblo desconfíe de sus líderes más que de los delincuentes.

Los mexicanos comenzaron a llamar asesino al Gobierno de la República. Acusan a sus gobernantes de tener manchadas las manos de sangre y permanecer impávidos frente a los hechos violentos.

Javier Contreras, líder del Frente Nacional Contra la Represión, aseguró que "la presencia del Ejército es anticonstitucional y vulnera los derechos de los ciudadanos. Por eso estamos pidiendo su retiro. No se puede combatir la violencia con más violencia y vulnerando las leyes".

Luz María Dávila, madre de dos de los 16 jóvenes asesinados, encabezó la marcha en Juárez y exigió una disculpa pública del presidente Calderón y del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por acusar a sus hijos de pandilleros.

Al igual que Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace y Eduardo Gallo, el reclamo de los 16 padres de los jóvenes asesinados en Juárez es por el fracaso en su lucha contra el hampa de los gobiernos nacional, estatales y municipales. El pueblo no cuenta con los recursos para realizar sus propias investigaciones ni ofrecer millonarias recompensas. Sólo aprovechan, como pueden, las marchas para expresar su inconformidad.

En Torreón, Coahuila, la sociedad civil también convocó a una movilización el sábado pasado en protesta por los tiroteos que ocurren casi a diario en sus calles. Pero la respuesta no fue atendida, porque el pueblo teme por las amenazas que los hampones propalaron a través de mensajes anónimos y pancartas instaladas en las principales calles.

Los anuncios de victorias pírricas contra el crimen en los medios de comunicación no resolverán el problema de inseguridad. Garantizar la vida y los bienes del pueblo sólo se conseguirá aplicando adecuadamente las leyes y con funcionarios cuya honorabilidad no esté en entredicho. Pero de esos, de momento, no hay en México.

El Ejército era la última institución que gozaba del reconocimiento y el respeto de los mexicanos. Pero sacarlo a las calles a combatir asuntos que le son ajenos, sólo acabó esa buena imagen y lo exhibió como corrupto, violento y autoritario, ajeno a la población.

Para que las fuerzas militares recuperen la confianza del pueblo son necesarias reformas a su reglamento interno. Primero, transparenten el uso discrecional que dan a los recursos públicos y, en segundo lugar, que sus miembros puedan ser enjuiciados ante tribunales civiles cuando sus delitos sean contra civiles.

Van 16 mil 181 asesinatos entre ayer y el 1 de diciembre de 2006. ¿Cuántos muertos más se necesitan para que las autoridades actúen? ¿Las marchas, movilizaciones ciudadanas y protestas han servido de algo o se requieren nuevas vías para que los ciudadanos sean escuchados? ¿Quién controla al país? ¿Con quién se siente más protegido el pueblo, con los delincuentes o con las autoridades?

mejido@elsoldemexico.com.mx