Pros y contras del Ejército en las calles
Javier Cruz Angulo El Universal 25 de enero de 2010
El Ejército es una institución vital para el Estado mexicano. Su actuar ha sido fundamental en nuestro país. Gran parte de la construcción del Estado moderno nacional corrió a su cargo la primera mitad del siglo XX; su presencia, longevidad e importancia lo convierten en una institución de claroscuros históricos. Sus actos van desde la ordenación e institucionalización de una sociedad después de la Revolución, su intervención en los desastres naturales en apoyo a la población civil, su participación en la guerra sucia y hasta su actual intervención en una guerra contra la delincuencia organizada del gobierno federal.
La importancia de su participación en la vida nacional no debe generar opiniones polarizadas. Cualquier afirmación en términos de blanco y negro sería reduccionista. El Ejército tiene una conciencia institucional y un vínculo estrecho con el país.
El marco jurídico endógeno de nuestras Fuerzas Armadas es claro, por lo siguiente:
a) el texto constitucional les otorga fuero, es decir, sólo ellos juzgan sus actos; b) tienen un código penal rígido; y c) tienen reglamentos duros, es decir, todas sus leyes mandan un mensaje muy claro: la columna vertebral del Ejército es disciplina y obediencia. Por otro lado, la aplicación interior de sus leyes penales es dura y la gran reforma al debido proceso penal no los tomó en consideración. Siendo que los miembros del Ejército merecen, como cualquier mexicano, el más alto estándar en materia de debido proceso.
Por otro lado, nuestras Fuerzas Armadas tienen un marco jurídico exógeno poco claro, en particular cuando interactúan con los civiles, por las siguientes razones: a) el texto constitucional no regula de manera nítida sus fronteras cuando realizan funciones fuera de sus cuarteles; b) sus leyes reglamentarias tampoco son claras; y c) la interpretación por parte de los tribunales es contradictoria y escasa.
Los derechos humanos se incorporan como una categoría de derechos fundamentales de toda sociedad democrática después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El discurso moderno de los derechos humanos es cada día más amplio; si después de la segunda guerra fue un piso mínimo para una sociedad, hoy son un abanico que crece para fomentar una sociedad paritaria.
La salida abrupta y disruptiva del Ejército a las calles puso en conflicto a los derechos humanos con las Fuerzas Armadas. El Ejército tiene como primera razón la defensa del Estado en casos límite y no la función policial. Conforme a lo anterior, la salida de los solados a las calles tiene que justificarse sólo con el riesgo de la existencia misma del Estado.
En esta lógica existen distintos parámetros del uso de la fuerza: Policía-seguridad pública y Ejército-seguridad nacional. La salida del Ejército a las calles no fue correcta ni calculada, ni se respetaron los parámetros en el uso de la fuerza correspondiente a cada función.
En primer término, hay que reflexionar que en el Colegio Militar no se imparten materias directamente relacionadas a la función de policial; y menos aún relativas a las funciones de las procuradurías generales de Justicia. En segundo lugar, la salida del Ejército fue consecuencia de la incapacidad de quienes originalmente tenían a su cargo las funciones de policía y procuración de justicia. Por último, la salida de los cuarteles se llevó a cabo con limitada planeación, capacitación o reglas que señalaran qué pasa en la interacción entre militares y civiles.
Las voces que piden el “inmediato regreso de los militares a sus cuarteles” cometen el mismo error de origen que cometió el gobierno federal al sacar a los militares a las calles: implementar una política abrupta, disruptiva, sin planeación y por motivaciones políticas y presión mediática.
Es obvio que el Ejército no debe seguir en funciones de Policía y Procuraduría. Pero se debe de planear, prever y pensar el regreso a sus funciones originarias. De no ser así, lo que sucederá es que todo vacío de poder tiende a llenarse y, el vacío que dejen los elementos castrenses ¿quién lo va a llenar? ¿Los policías que fueron sustituidos? ¿Los elementos de la Procuraduría a quienes el Ejército desarmó? ¿La delincuencia organizada o, en su caso, los “vengadores” que se han creado al norte del país?
Es necesario señalar que se deben de crear leyes, procedimientos y vías para castigar aquellas violaciones cometidas por miembros del Ejército.
Por más incómodo que sea políticamente, sería preferible declarar la suspensión de garantías en los focos de conflicto más alarmantes y someter el actuar del poder público a la supervisión del Congreso. Por último, no debemos olvidar que los militares están en las calles arriesgando su vida y la de su familia sin que exista un claro agradecimiento social.
Abogado
Javier Cruz Angulo El Universal 25 de enero de 2010
El Ejército es una institución vital para el Estado mexicano. Su actuar ha sido fundamental en nuestro país. Gran parte de la construcción del Estado moderno nacional corrió a su cargo la primera mitad del siglo XX; su presencia, longevidad e importancia lo convierten en una institución de claroscuros históricos. Sus actos van desde la ordenación e institucionalización de una sociedad después de la Revolución, su intervención en los desastres naturales en apoyo a la población civil, su participación en la guerra sucia y hasta su actual intervención en una guerra contra la delincuencia organizada del gobierno federal.
La importancia de su participación en la vida nacional no debe generar opiniones polarizadas. Cualquier afirmación en términos de blanco y negro sería reduccionista. El Ejército tiene una conciencia institucional y un vínculo estrecho con el país.
El marco jurídico endógeno de nuestras Fuerzas Armadas es claro, por lo siguiente:
a) el texto constitucional les otorga fuero, es decir, sólo ellos juzgan sus actos; b) tienen un código penal rígido; y c) tienen reglamentos duros, es decir, todas sus leyes mandan un mensaje muy claro: la columna vertebral del Ejército es disciplina y obediencia. Por otro lado, la aplicación interior de sus leyes penales es dura y la gran reforma al debido proceso penal no los tomó en consideración. Siendo que los miembros del Ejército merecen, como cualquier mexicano, el más alto estándar en materia de debido proceso.
Por otro lado, nuestras Fuerzas Armadas tienen un marco jurídico exógeno poco claro, en particular cuando interactúan con los civiles, por las siguientes razones: a) el texto constitucional no regula de manera nítida sus fronteras cuando realizan funciones fuera de sus cuarteles; b) sus leyes reglamentarias tampoco son claras; y c) la interpretación por parte de los tribunales es contradictoria y escasa.
Los derechos humanos se incorporan como una categoría de derechos fundamentales de toda sociedad democrática después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El discurso moderno de los derechos humanos es cada día más amplio; si después de la segunda guerra fue un piso mínimo para una sociedad, hoy son un abanico que crece para fomentar una sociedad paritaria.
La salida abrupta y disruptiva del Ejército a las calles puso en conflicto a los derechos humanos con las Fuerzas Armadas. El Ejército tiene como primera razón la defensa del Estado en casos límite y no la función policial. Conforme a lo anterior, la salida de los solados a las calles tiene que justificarse sólo con el riesgo de la existencia misma del Estado.
En esta lógica existen distintos parámetros del uso de la fuerza: Policía-seguridad pública y Ejército-seguridad nacional. La salida del Ejército a las calles no fue correcta ni calculada, ni se respetaron los parámetros en el uso de la fuerza correspondiente a cada función.
En primer término, hay que reflexionar que en el Colegio Militar no se imparten materias directamente relacionadas a la función de policial; y menos aún relativas a las funciones de las procuradurías generales de Justicia. En segundo lugar, la salida del Ejército fue consecuencia de la incapacidad de quienes originalmente tenían a su cargo las funciones de policía y procuración de justicia. Por último, la salida de los cuarteles se llevó a cabo con limitada planeación, capacitación o reglas que señalaran qué pasa en la interacción entre militares y civiles.
Las voces que piden el “inmediato regreso de los militares a sus cuarteles” cometen el mismo error de origen que cometió el gobierno federal al sacar a los militares a las calles: implementar una política abrupta, disruptiva, sin planeación y por motivaciones políticas y presión mediática.
Es obvio que el Ejército no debe seguir en funciones de Policía y Procuraduría. Pero se debe de planear, prever y pensar el regreso a sus funciones originarias. De no ser así, lo que sucederá es que todo vacío de poder tiende a llenarse y, el vacío que dejen los elementos castrenses ¿quién lo va a llenar? ¿Los policías que fueron sustituidos? ¿Los elementos de la Procuraduría a quienes el Ejército desarmó? ¿La delincuencia organizada o, en su caso, los “vengadores” que se han creado al norte del país?
Es necesario señalar que se deben de crear leyes, procedimientos y vías para castigar aquellas violaciones cometidas por miembros del Ejército.
Por más incómodo que sea políticamente, sería preferible declarar la suspensión de garantías en los focos de conflicto más alarmantes y someter el actuar del poder público a la supervisión del Congreso. Por último, no debemos olvidar que los militares están en las calles arriesgando su vida y la de su familia sin que exista un claro agradecimiento social.
Abogado
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