¿5 millones de niños obesos no son suficiente?

¿5 millones de niños obesos no son suficiente?

Xiuh Guillermo Tenorio El Universal 28 de febrero de 2010

“No hay que confundir lo urgente con lo importante” es una frase que se escucha recurrentemente en los edificios públicos de nuestro país; enunciado inteligente que pocas veces se honra. Por ejemplo, en materia de salud pública nadie duda que existen tareas urgentes como prevenir el contagio del virus de la influenza A H1N1, pero en lo que debería estar concentrada la atención del sector salud es en la prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y sus enfermedades asociadas, que hoy no sólo están matando a los mexicanos sino que están comprometiendo la viabilidad del país en el mediano plazo.

Frente a la situación que nos coloca como el segundo país más obeso del mundo —sólo detrás de EU— y el primero en obesidad infantil, llama la atención qué están haciendo las autoridades de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticos. La verdad es que, poco o casi nada.

Las posibilidades de acción son muchas y amplias, pero existe un ámbito en el que deberíamos estar haciendo todo lo que esté a nuestro alcance: la protección de los infantes. De acuerdo con datos oficiales, uno de cada cuatro niños en edad escolar padece de obesidad, esto significa que existen en este momento 5 millones de niños obesos en el país, población equivalente a la población total de países como Costa Rica o Nicaragua.

En el pasado, las secretarías de Salud y de Educación Pública han impulsado acciones muy débiles en este rubro, al tiempo que la industria alimenticia se regocija de nuestra fragilidad institucional y disfruta de sus millonarias utilidades. Dos tristes ejemplos de esto son el Código PABI, mediante el que supuestamente la industria se iba a autorregular en materia de publicidad dirigida a niños (nada más lejos de ello) y los convenios que firmó la SEP en el primer trienio de Calderón con empresas como Coca-Cola y PepsiCo, que derivaron en un oligopolio en las cooperativas escolares que, según investigadores del Instituto de Nacional de Nutrición, generan utilidades que rebasan los 2 mil millones de dólares anuales.

Hace unos días, derivada de la XIX Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, se anunció la intención de la SEP por actualizar el reglamento de las cooperativas escolares. Lamentablemente las versiones preliminares que han circulado del documento en cuestión, nuevamente esbozan una acción endeble por parte de la autoridad, soslayando que lo que está de por medio es la salud y en última instancia la vida de millones de niños mexicanos.

Muchas voces se han alzado en estos días para exigirle a la SEP no sucumbir ante las presiones de la industria alimenticia, me sumo a ellas. La industria dirá que “no existen alimentos buenos ni malos”, “la responsabilidad es de los padres de familia, de los maestros y del Estado mexicano”, “las autoridades tienen que ser sensibles ante la crisis económica para imponer medidas restrictivas”, “nuevamente se actúa contra la industria establecida, que paga impuestos, y no se hace nada frente a la economía informal”, y un largo etcétera.

Frente a ello, lo que debe quedar claro es que: 1) La SEP tiene facultades para normar la operación de las cooperativas. 2) Existe un mandato del Congreso de la Unión para actualizar el reglamento. 3) Diversos tratados internacionales obligan a México a actuar decididamente en favor de los derechos de los infantes, en este caso su derecho a la salud. 4) En materia de facultades concurrentes, como son la salud y la educación, la Federación debe establecer el punto de partida a las entidades federales. Y 5) Ocho de cada 10 niños obesos serán adultos enfermos. Así de simple y así de claro.

Presidente honorario de la Fundación Mídete