La ‘inequitativa equidad’ del Gobierno federal

La ‘inequitativa equidad’ del Gobierno federal

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA am.com.mx 28 de febrero de 2010

En dos materias donde pueden más los poderes de hecho que las instituciones, el Gobierno federal alega que actúa con equidad: que persigue por igual o proporcionalmente a todas las bandas de narcotraficantes; y que en radiodifusión y telecomunicaciones, decide sin preferencias por alguno de los participantes. Conviene revisar el modo en que se entiende y practica la equidad en la administración panista, pues apenas se ahonda en los datos ofrecidos oficialmente en uno y otro campos aparecen rasgos de inequidad y de parcialidad.

Como si no hubiera una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que impide al Secretario de Comunicaciones y Transportes tomar decisiones relativas a prórrogas y refrendos de concesiones, esta semana se anunciaron medidas que implican una infracción a ese fallo judicial. El 8 de enero de 2009 se publicó el reglamento interior de la SCT que otorgaba personalmente al titular de esa Secretaría atribuciones que el Poder Legislativo estimó lesivas para su soberanía, por lo que inició una controversia constitucional ante la Suprema Corte. Ésta resolvió a favor del alegato de la Cámara de Diputados y declaró inconstitucionales facultades atribuidas al Secretario. Eso no obstante, el martes pasado fue negada la prórroga para la vigencia de las concesiones relativas a los canales 46 y 52 de televisión, pertenecientes respectivamente a Televisa, de la familia Azcárraga y a MVS de la familia Vargas. Al mismo tiempo se sancionó a dos canales operados por TV Azteca, de la familia Salinas Pliego. Dictar medidas que afectan intereses de tres núcleos importantes de la comunicación social fue presentado como una muestra de equidad, de ausencia de favoritismo.

Sin embargo, es imposible no reconocer en esas decisiones la reiteración de la preferencia gubernamental por Televisa. Están en curso diversas impugnaciones a la licitación de porciones del espectro porque a juicio de los objetores las bases están diseñadas para favorecer al consorcio mayor de la televisión. La negativa a prorrogar su concesión del Canal 46 no es un dato contrario a tal tendencia sino que, por contraste, ratifica esa inclinación. En efecto, no es lo mismo silenciar al Canal 46 que al 52.

En rigor estricto, el 46 no fue acallado, porque nunca se utilizó la concesión otorgada a Cablevisión (filial de Televisa) en la banda UHF con cobertura en la Ciudad de México y zona mexiquense conurbada, por 10 años. El 29 de abril pasado, Cablevisión solicitó la prórroga de su concesión. Era extemporáneo hacerlo pues Cablevisión debió iniciar el trámite antes del 16 de noviembre de 2008. La autorización debió ser cancelada por desuso, pero la SCT prefirió alegar la extemporaneidad de la solicitud de prórroga para equiparar su negativa con la respuesta en el mismo sentido a MVS. Televisa nunca pretendió utilizar el 46, al punto de que su nuevo canal de información y opinión no pasa por el canal silencioso, reservado sólo para impedir que la competencia entrara en ese terreno.

Cablevisión no obtuvo en 2000 sólo la concesión del 46, sino también la del 52, con iguales características. Cuatro años más tarde, Cablevisión cedió su licencia a MVS, con autorización gubernamental. En febrero de 2008, MVS, que comercialmente operaba como Multivisión, preguntó formalmente a la SCT qué pasaba con su solicitud de prórroga presentada dos años atrás, en febrero de 2006 y al mismo tiempo reiteró tal solicitud de prórroga. La Secretaría y la Comisión Federal de Telecomunicaciones no hallaron la solicitud original, la de febrero de 2006. Eso no obstante, la Cofetel “determinó que se trata de un documento apócrifo” y por ello “actualmente se desarrolla un proceso judicial para determinar la presunta falsedad de los documentos”, según se dice en un documento de la SCT. Menuda cuestión la que resolvió ya la Cofetel y la que deberá atender la justicia: ¿cómo se declara apócrifo un documento inexistente? ¿Cómo se establece su falsedad?

A semejanza del 46, la solicitud de prórroga del 52 debió presentarse antes de noviembre de 2008. Eso ocurrió en febrero de 2008 pues, dejando aparte la cuestión metafísica más que jurídica del documento cuya falsedad se ha establecido no obstante su inexistencia, MVS hizo una solicitud expresa hace dos años. Eso no obstante, la SCT negó la prórroga, a pesar de que esa decisión según la sentencia de la Corte de noviembre pasado corresponde a la Cofetel.

A diferencia del 46, el 52 ha estado en operación. Durante años ha ofrecido, con intermitencias, programas periodísticos, y a últimas fechas el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui originado en la frecuencia de 102.5 FM pasaba también a a través de ese canal. Desde hace unos meses forma parte de la oferta que hace la empresa Dish, de la propia familia Vargas para la recepción satelital de varios canales. Con la clausura del 52 disminuye la posibilidad de Dish para competir con Sky, que ha tenido el monopolio de la televisión satelital y que, obviamente, pertenece a Televisa.

Por otro lado, SCT sancionó a TV Azteca, que opera los canales 7, 13 y 40 con la cantidad de nueve millones de pesos por utilizar sin autorización 11 canales digitales, mediante el sistema HITV, además de tres canales digitales autorizados para reproducir la programación de los canales analógicos. En esos tres canales, por el avance tecnológico es posible incluir los once adicionales con contenidos distintos de la programación analógica, y por consecuencia susceptibles de producir nuevos rendimientos. En este punto lo que asombra es la naturalidad con que la autoridad facultada para determinar el uso adecuado de las concesiones tolera implícitamente la usurpación del Canal 40 por TV Azteca. La SCT enuncia dentro del Grupo Salinas a la Televisora del Valle, titular de la concesión del 40, todavía propiedad de Javier Moreno Valle.

Frente al narcotráfico, un funcionario y una Secretaría cuya competencia formal no incluye a la seguridad pública, se esfuerzan por probar que el combate a la delincuencia dedicada a ese ruin negocio es equitativo y proporcional. Primero en la carta en que el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont reprendió al diputado Manuel Clouthier Carrillo y después en una comunicado para responder “a versiones de diversos medios de comunicación que señalan que el Gobierno federal mantiene una lucha desigual contra los cárteles del narcotráfico y las organizaciones del crimen organizado”, se ofrecieron las siguientes cifras que avalan la imparcialidad gubernamental:

“Del primero de diciembre de 2006 al 4 de febrero de 2010, se han (sic) detenido a casi 72 mil delincuentes por delitos contra la salud: 27 por ciento pertenecen a la organización criminal del Golfo-Zetas. 24 por ciento pertenecen al cártel del Pacífico. 17 por ciento pertenecen al cártel de los Carrillo Fuentes. 14 por ciento pertenecen al cártel de los Beltrán Leyva. 13 por ciento pertenecen al cártel de los Arellano Félix. 5 por ciento pertenecen a otras organizaciones, incluyendo a La Familia y al cártel Valencia-Milenio”

Es confortante la precisión de los porcentajes. Me pregunto cómo los construye la autoridad que los proveyó a Gobernación puesto que, como se sabe, esa Secretaría dejó de ser competente en seguridad pública en diciembre de 2000. La delincuencia organizada ha de estarlo muy bien y acaso identifica a sus miembros con credenciales que señalen su adscripción, de suerte que la autoridad sepa a la hora de detenerlos cuál es el grado de su avance en la lucha contra las varias mafias. Para conocer con mayor precisión si realmente se ataca por igual a todos los grupos delictuosos haría falta conocer los porcentajes concernientes a los procesados y sentenciados, cuyo número es muchísimo menor que el de los detenidos.

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que la inseguridad suscitada por el narcotráfico bulle por doquier. No se trata, por supuesto, sólo de percepciones generadas por medios de información irresponsables, sino de crudas realidades medibles por el número de víctimas y por la reacción de, por ejemplo, el Gobierno de Estados Unidos que cerró por unos días su agencia consular en Reynosa. La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, como si hablara de asuntos propios, ha diagnosticado que en Ciudad Juárez se ha perdido el imperio de la ley.