Que los subsidios lleguen a quienes deben

Que los subsidios lleguen a quienes deben

Miguel Pulido Jiménez y Ana Joaquina Ruiz El Universal 27 de febrero de 2010

La semana pasada la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL puso nuevamente en el centro del debate dos de los problemas que lamentablemente mayor arraigo tienen en la agenda pública mexicana: el marasmo en el que se encuentra nuestra política rural y las delicadas consecuencias de fenómenos como el conflicto de intereses o la captura política y económica de los programas de subsidio. En cinco entregas, el equipo de reporteros de este diario dio cuenta lo mismo de fallas estructurales en el diseño de la política pública (que permiten, por ejemplo, altos índices de concentración o que logran pobres resultados) que de polémicas decisiones personales por parte de un secretario de Estado.

Una vez más, como se ha hecho costumbre en nuestra cultura política más reciente, a lo largo de toda una semana el pulso de la discusión pública lo marcó la agenda mediática. Al margen del gran trabajo de las y los reporteros, este alcance no es gratuito. No lo es si consideramos que en nuestro país, de acuerdo al CONEVAL, el 31.8% de las personas que viven en el medio rural se encuentran en situación de pobreza alimentaria y que esta cifra aumentó en 7.3% de 2006 a 2008. No lo es tampoco si atendemos a la importancia histórica, social y cultural que tiene el medio rural en México. Menos si consideramos que tan sólo para 2010 en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignó al rubro de desarrollo rural sustentable una cifra cercana a los 270 mil millones de pesos. No lo es, pues, sencillamente por el calado de los problemas denunciados.

Sin embargo, un halo de escepticismo ronda el ambiente, pues también la historia política más reciente nos ha enseñado lo reducido del impacto real que el bullicio político ex post escándalo tiene en la solución de los problemas estructurales del país. Con todo, vale la pena dar vida a la expectativa. Hoy, por segunda ocasión en menos de un año, son múltiples las voces que reconocen distintos problemas en el Ingreso Objetivo y el Procampo (ambos programas estrellas de la política rural del gobierno federal).

Diversos actores han hecho suyo el análisis que demuestra que los recursos de Ingreso Objetivo son altamente concentrados, tanto por número de beneficiarios, como por estado. Por citar un ejemplo, según datos de ASERCA, en el ciclo Primavera – Verano 2008 se otorgaron 665 millones de pesos a 2 mil folios de beneficiarios en Baja California Norte, Chihuahua, Coahuila y Sonora; de los cuales, los primeros 40 folios recibieron 181 millones de pesos. Es decir, el 2% recibió casi un tercio del total de los recursos.

El Procampo, por su parte, agrega a la cuestión de la concentración los problemas de deficiente control del gasto público y manifestaciones de insolvencia en el respeto a las reglas de operación. Según la información oficial, a pesar de estar topados los apoyos en 100 mil pesos, hay personas que recibieron más de ese monto. En contraste, miles de productores reciben menos de mil pesos por ciclo, a pesar de ser ésta la mínima cantidad que deberían recibir. Esta falta de respeto a los techos máximos y a los pisos mínimos es una combinación tóxica que ha sido fatídica para el país: privilegios indebidos a quienes más tienen y castigos injustos a los más necesitados.

También es desventurada la comprensión de lo que el tema del conflicto de interés implica para la salud de los asuntos públicos. La ligereza con la que quienes tienen responsabilidades en la conducción de la SAGARPA decidieron participar en el debate de la interpretación de las regulaciones que prohíben la recepción de apoyos vía subsidios, muestra que están decididos a aferrarse a una cuestionable lectura de la ley que los beneficia en su ámbito privado. Incluso cuando ésta afecte la credibilidad y la ya de por sí lastimada percepción sobre la probidad de las instancias públicas. De ahí lo indeseable de dejar el conflicto de interés a normatividad de poca jerarquía (como las reglas de operación) o a redacciones legislativas que a todas luces parecen estar diseñadas para preferirse a sí mismo sobre el bien público.

En fin, después de una semana de amplia discusión en medios e incluso en los recintos legislativos, las piezas están colocadas para el debate público: la necesidad de mayor y mejor vigilancia sobre el rumbo de programas necesarios como el Procampo, cuya vocación original era el apoyo a pequeños y medianos productores; la urgencia en la depuración de los padrones de los programas para evitar duplicidades, beneficiarios fantasmas o cobros indebidos; la atención y corrección a la concentración de subsidios en beneficiarios que son competitivos por sí mismos en perjuicio del sector que más lo necesita; y la falta de sanciones y regulación adecuada sobre el conflicto de intereses. Esperamos que en beneficio de los millones de personas que viven en y del campo, en esta ocasión cambie la historia y la clase política asuma compromisos y emprenda acciones para que los subsidios atiendan aquellos problemas que deben atender.

Director Adjunto e Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C.