Eliminar la discriminación racial en México

Mario Santiago Juárez El Universal 23 de Marzo de 2010

En 1994, en el estado de Chiapas tres mujeres tzeltales de 16, 18 y 20 años respectivamente, fueron detenidas de forma arbitraria, violadas y torturadas por miembros del Ejército mexicano; tras años de lucha infructuosa por justicia en los tribunales sin que se hubiese realizado una investigación adecuada, las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en 2001, recomendó al Estado mexicano investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria para determinar la responsabilidad de los autores de las violaciones de los derechos de las víctimas, así como reparar dichas violaciones. Parecía que el caso estaba saldado, no obstante, hasta la fecha el Estado no ha cumplido las recomendaciones de la CIDH.

Este no parece ser un caso aislado: muchas víctimas indígenas de nuestro país nunca verán satisfecho su afán de justicia. El panorama no es muy diferente para los casos de otras personas indígenas que se encuentran acusadas de haber cometido algún delito. Un ejemplo reciente es el de Jacinta Francisco Marcial, indígena ñahñhú, quien fue liberada el 16 de septiembre de 2009, después de tres años en prisión, y quién había sido condenada a 21 años de encierro por el supuesto secuestro de seis elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación. En el procedimiento, como fue señalado por la CNDH, existieron graves irregularidades en la investigación que se tradujeron en violaciones al debido proceso.

La pregunta que debieron hacerse las jóvenes tzeltales tras los hechos cometidos contra ellas es: ¿por qué nos sucedió a nosotras? También podríamos preguntarnos ¿por qué, tras sufrir violaciones tan graves a sus derechos, no hay personas castigadas por los hechos? Responder estas interrogantes es, por decir lo menos, complicado. Sin embargo, podemos suponer que las jóvenes fueron victimizadas por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran: ¿habrían cometido los militares estos actos en zonas urbanas en contra de personas no indígenas? No podemos saberlo, lo que sí nos queda claro es que el difícil acceso a la justicia para los indígenas de nuestro país es una de las razones que provocan la gran impunidad de aquellos delitos cometidos en su contra.

Estos casos no hacen más que ejemplificar algo que ya sabemos: las personas que pertenecen a los pueblos indígenas de México se encuentran en una situación de vulnerabilidad, sufren discriminación, exclusión y un limitado acceso al ejercicio de una gran cantidad de derechos. Esta situación es más grave cuando nos damos cuenta de que, tras las violaciones, las víctimas indígenas sufren nuevas violaciones al intentar que se procure y administre justicia. Se encuentran ante nulas o deficientes investigaciones que tienen como consecuencia lógica la impunidad.

El “Informe del diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los indígenas en México. Un estudio de caso en Oaxaca”, publicado por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, deja claro que las violaciones al debido proceso se dan con mayor frecuencia cuando están involucrados indígenas. Una de las encuestas realizadas en la investigación arrojó que 67% de los indígenas no contaron con la asistencia de un defensor en el MP, mientras que 58% de los no indígenas contestaron en el mismo sentido. Es evidente que esta disparidad entre ejercicio de derechos entre indígenas y no indígenas denota un acto discriminatorio. Sin embargo, algo más grave ocurre cuando esas desigualdades determinan qué personas están excluidas del ejercicio pleno al acceso a la justicia y al debido proceso. De esta forma se cierran las puertas a la justicia, se termina con el ideal de construir un Estado constitucional y democrático de Derecho. Queda claro que todavía hay mucho por hacer en nuestro país en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, celebrado el 21 de marzo.

Investigador y académico de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo y director de Investigación de Ideas