miércoles, 24 de marzo de 2010

Las ideas de Juárez, hoy

Paola Zavala Saeb El Universal 23 de Marzo de 2010


Dejar a Ciudad Juárez olvidado en la historia, significa abrir la puerta a los fundamentalismos, la intolerancia, la exclusión, y a una visión única de la realidad.
Las ideas democráticas y liberales de Benito Juárez, que buscaban garantizar una sociedad incluyente donde las diversas creencias y formas de pensamiento convivieran pacíficamente, sólo pueden materializarse en un Estado laico, que separe lo público de lo privado, las religiones de las decisiones políticas y que privilegie la libertad y la igualdad de los individuos.
Es preciso reconocer que al día de hoy muchas de las leyes en nuestro país siguen adoptando criterios vinculados con consideraciones religiosas. El ejemplo más reciente es el de las modificaciones constitucionales que responden a presiones eclesiásticas para proteger la vida desde el momento de la concepción aprobadas en más de la mitad de los estados del país, con la notable excepción del Congreso de Michoacán, que en días pasados rechazo esta iniciativa de reforma argumentando el principio de laicidad del Estado.
Estas reformas imponen dogmas religiosos como obligación incluso a las mujeres que han sido violadas, pasando por alto sus derechos más elementales. En sentido contrario, las reformas que ha aprobado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que despenalizan el aborto y permiten el matrimonio y la adopción a parejas del mismo sexo a nadie obligan y no limitan de ninguna forma la libertad de cada mexicano de vivir bajo los principios de su fe si así lo desea.
Ante temas, como estos que confrontan creencias, valores e ideologías y con la consigna del Vaticano de reposicionarse en el mundo, hemos sido testigos de la derogación tácita de la laicidad del Estado por la creciente injerencia de religión en la política nacional.
Los jerarcas religiosos parecen olvidar que en México, por mandato constitucional, su libertad de expresión, en efecto, está limitada a no hacer proselitismo a favor o en contra de partido o candidato alguno y a no oponerse a las leyes del país. Ello con el fin de que no se afecte la libertad de conciencia de la que goza cada mexicano y que no se impongan como leyes principios dogmáticos de una religión específica que no necesariamente son compartidos por todas las asociaciones religiosas, partidos políticos e individuos de la sociedad.
Es importante señalar que esto no debe confundirse con un Estado anti eclesiástico. Calles y los cristeros nos demostraron los peligros de las intolerancias enfrentadas. Una laicidad bien entendida debe comprometer al Estado a respetar todas las religiones que profesen los ciudadanos y a no identificarse con ninguna en especial, con una frontera claramente trazada entre lo público y lo privado. Respetar esta frontera no sólo es tarea del Estado, sino también de las iglesias.
Sin embargo, frente a la escalada del activismo político de las autoridades eclesiásticas,que constantemente atacan a los partidos que promueven estas leyes, el propio gobierno ha dejado de cumplir con el marco constitucional vigente. Durante sexenios, la SEGOB encargada garantizar la separación Iglesias–Estado ha dejado de aplicar la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público al permitirla injerencia de la iglesia hegemónica en la vida política.
La responsabilidad de no restringir la libertad del individuo garantizando la laicidad y la libertad de conciencia, ya no admite prorrogas. La libertad y la igualdad establecidas como ejes rectores de la Constitución están en grave riesgo de ser vulneradas sino se establece la laicidad del Estado como garante de la libertad de conciencia entendida como la primera y más irreductible de las libertades. Sin ésta el resto de las libertades consagradas en la Constitución no tienen cabida.
Los nuevos retos que enfrenta la laicidad han reabierto el debate sobre la participación política de las Iglesias y han puesto sobre la mesa iniciativas constitucionales que contemplan elevar a rango constitucional el principio laico del Estado; sin embargo, de aprobarse esta reforma, puede resultar insuficiente.
El proyecto Juarista debe refrendarse con una reforma completa y vinculante para el gobierno y las iglesias en la que textualmente se imponga a la SEGOB por medio de la Subsecretaria de Asuntos Religiosos, la obligación de investigar y sancionar de oficio, cualquier contravención a la laicidad del Estado por ministros de culto y por funcionarios públicos, a fin de que la reforma no se reduzca a mera retórica o suponga, como durante décadas, un mero límite formal para que las iglesias negocien su desobediencia de la ley.
Analista

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