SEP-SNTE: ¿un reparto a modo?

Mery Hamui y Yoalli Navarro El Universal 15 de marzo de 2010

En la primera versión del Concurso Nacional de Plazas Docentes realizada en el 2008, y en la segunda convocatoria nacional de 2009, la SEP y el SNTE convocaron a “todos” los docentes del país —de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial, educación indígena, educación física y telesecundaria— a participar en un examen de “colocación” de acuerdo a su desempeño para que fueran los mejores maestros los que impartieran clases dándoles, además, estabilidad laboral. En estos procesos se invitó a organizaciones de la sociedad civil como observadores para dar transparencia a la aplicación de los exámenes, mas no así a los procesos de diseño, elaboración y evaluación de la prueba, principal instrumento para la asignación de plazas de acuerdo a los resultados obtenidos.

Recientemente, la SEP y el SNTE convocaron a un concurso intermedio y extraordinario de asignación de plazas para docentes contratados por honorarios, aprovechando las vacantes generadas en virtud de las jubilaciones por las reformas a la Ley del ISSTE. Esta convocatoria fue sólo para Hidalgo, Aguascalientes, Baja California y Nuevo León y, además, no se invitó a organizaciones de la sociedad civil para dar transparencia al proceso. Llama la atención que haya un concurso intermedio, que no sea para todo el país y que no se haya abierto convocatoria a las organizaciones civiles a acreditarse como observadores de este proceso.

La SEP argumenta que este concurso busca regularizar la situación laboral de los profesores que hoy se encuentran frente a grupo, que no tienen una plaza y que han sido contratados por honorarios. Pero ¿por qué sólo se abrió a cuatro estados y no a todas las entidades, si esta situación es un foco de conflicto en todo el país?

Por otro lado, a diferencia del primer ejercicio, en este concurso, ni la SEP ni el SNTE transparentaron el proceso, pues además de no convocar a quienes en los procesos anteriores participaron —asociaciones civiles, grupos empresariales y padres de familia—, no hicieron público un listado de observadores. En las ocasiones anteriores, Transparencia Mexicana y el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación (CCAE), conformado por varias organizaciones sociales, entre ellas el Observatorio Ciudadano de la Educación, coordinaron a observadores en distintas partes del país, demandando así transparencia en el proceso y claridad en la asignación de los puestos, de ahí el extrañamiento y la pregunta ¿por qué en esta ocasión no se citó la participación de observadores?

Llama la atención que la SEP y el SNTE convocaran a un concurso sólo a 4 entidades, solamente para los profesores en servicio y contratados por honorarios los cuales, a decir de estas instancias, están “plenamente identificados”, cuando las propias autoridades de la secretaría han afirmado que no cuentan con un padrón de maestros en servicio. Entonces, ¿cómo fueron “plenamente identificados” esos maestros?

El CCAE manifiesta la urgencia de contar con un padrón único de docentes que permita visualizar los faltantes y las irregularidades en las asignaciones de plazas en todo el país, para que los ciudadanos puedan estar convencidos de la claridad del proceso, así como del manejo presupuestal de la SEP, especialmente en las áreas que competen a la docencia. ¿Cuántos maestros frente a grupo hay y cuánto recibe cada uno? ¿Cuánto reciben los maestros en comisión? Son sólo algunas preguntas que el Consejo demanda esclarecer solicitando a la SEP que, una vez realizado este proceso, comparta el nombre de las organizaciones y los reportes de observación —si es que los hubo—, tanto para un aprendizaje común, como para hacer un seguimiento comparativo que continúe abonando a la credibilidad y solidez de los procesos. Pues al haber observado ya por dos ocasiones el concurso nacional, es un compromiso buscar garantías de que los procesos de selección docente y asignación de plazas de verdad respondan al derecho de los niños, no a las conveniencias de los adultos.

Explicar las decisiones y transparentar los procesos es obligación de las autoridades. Hacerlo puede ayudar a la SEP y al SNTE a evitar que se sospeche que este concurso extraordinario de plazas signifique un reparto a modo.

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Miembros de Observatorio Ciudadano de la Educación